Amparo impulsado por activistas obliga al Congreso capitalino a legislar sobre cuidados

Lo que comenzó como una búsqueda minuciosa entre leyes y artículos constitucionales podría convertirse pronto en historia. Las activistas Ursula Martínez y Priscila Mongue descubrieron que tanto el gobierno de la Ciudad de México como el Congreso local tenían una obligación constitucional de desarrollar una Ley del Sistema Integral de Cuidados, y que simplemente no la habían cumplido.
Con ese hallazgo en mano, interpusieron un amparo que el Poder Judicial Federal terminó por respaldar no una, sino cinco veces. No fue una concesión política. Fue una obligación que alguien, finalmente, se atrevió a exigir por la vía legal.

Hoy, sin embargo, la ley aún no existe. Y por eso la presión continúa.
A través de una protesta silenciosa, las organizaciones feministas Botiquín Violeta, Defensorxs, FIEM, Mx Igualitario, Lentes Púrpura y La Cuerpa, junto a las activistas que impulsaron el proceso legal, mantienen la exigencia pública para que el Congreso de la Ciudad de México proponga y apruebe la ley a la que ya está constitucionalmente obligado, y que lo haga con presupuesto real, infraestructura y mecanismos efectivos de implementación.
Las colectivas subrayan que la norma debe traducirse en políticas concretas que reduzcan la carga desproporcionada de cuidados que históricamente ha recaído sobre las mujeres y sobre comunidades racializadas, indígenas, migrantes, personas en situación de precariedad y disidencias sexogenéricas.

Un referente para México y América Latina
Lo que ocurra en la Ciudad de México importa más allá de sus fronteras. La capital se ha posicionado como una de las entidades con mayores avances constitucionales en materia de cuidados en la región, y una legislación local sólida podría convertirse en modelo para impulsar sistemas públicos de cuidados en otros estados del país.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió mediante el Compromiso 51 a impulsar un Sistema Nacional de Cuidados, y el Presupuesto de Egresos 2026 destinó recursos históricos al tema. Sin embargo, las organizaciones advierten que aún falta lo más difícil: traducir esos compromisos en una Ley Nacional de Cuidados con infraestructura y financiamiento sostenido.

La protesta silenciosa de hoy es un recordatorio: los amparos obligaron al Congreso a actuar, pero solo la presión ciudadana sostenida puede garantizar que esa acción llegue a quienes cuidan, y a quienes necesitan ser cuidados.

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