Empresas fantasma, licitaciones amañadas y millones desviados: así operó la red de Ariel Juárez

La corrupción en el Estado de México tomó forma empresarial pues según investigación, tres compañías creadas el mismo día, por familiares directos del diputado Wblester Santiago Pineda, acapararon contratos públicos entre 2019 y 2024. El vínculo: Ariel Juárez Rodríguez, exalcalde y actual director de la Junta de Caminos estatal.

Las firmas Construcciones y Electrificaciones El Llano, Peñón Viejo y Sagro fueron registradas el 22 de agosto de 2018, en Álvaro Obregón, Ciudad de México. Documentos notariales revelan que el fedatario fue Armando Mastachi Aguario, quien ya ha sido señalado por avalar otras redes empresariales irregulares.

El mecanismo era preciso: crear competencia simulada en las licitaciones. En al menos 12 procesos públicos, estas empresas presentaron propuestas con diferencias mínimas, menores a $32,000 pesos, que evidencian una coordinación para eliminar a otros competidores y adjudicarse las obras.

Las contrataciones no solo provienen de procesos amañados. Muchas de ellas se dieron por adjudicación directa o invitación restringida, a empresas sin experiencia previa o sin el respaldo técnico necesario. Aun así, lograron contratos por más de 143 millones de pesos.

A pesar de estas irregularidades, la Secretaría de la Contraloría estatal no emitió observaciones durante todo este tiempo. “Es un caso claro de omisión institucional. La red operó a plena luz del día, usando mecanismos legales para fines ilícitos”, denunció una fuente con conocimiento de los procedimientos internos.

Las reacciones ya llegaron a nivel federal. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue enfática: “Todo el peso de la ley” debe aplicarse contra el director de la Junta de Caminos. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, también pidió una revisión inmediata de los contratos.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera ya analizan el caso. De confirmarse los hechos, Juárez y Santiago podrían enfrentar cargos por delitos graves, que van desde peculado hasta lavado de dinero.

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